Delcy Rodríguez decreta el «fin» de la amnistía en Venezuela en medio de fuertes críticas por inconstitucionalidad.
En un anuncio que ha sacudido el tablero político y jurídico de Venezuela este viernes 24 de abril de 2026, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró que el proceso de amnistía iniciado hace apenas dos meses «llega a su fin». La medida se produce en un contexto de extrema fragilidad institucional, con 473 presos políticos aún en los calabozos y tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas extranjeras a principios de año.
Sin ofrecer detalles técnicos sobre el mecanismo de clausura de una ley que no contempla caducidad en su texto original, Rodríguez afirmó que el proceso ha tenido una cobertura «muy exitosa», a pesar de las voces críticas que, según ella, buscan desestabilizar la paz nacional.
Cifras de un proceso cuestionado
La Ley de Amnistía, sancionada el pasado 19 de febrero de 2026, fue concebida como una respuesta a la crisis generada tras la captura de Maduro en enero. Según el diputado Jorge Arreaza, las cifras oficiales del proceso son:
- Beneficiados totales: 8,616 personas (entre libertades plenas y cese de medidas cautelares).
- Excarcelaciones directas: Solo 314 de los beneficiados estaban tras las rejas.
- Solicitudes recibidas: 12,187 peticiones procesadas por la comisión parlamentaria.
No obstante, organizaciones como Foro Penal han denunciado que menos del 25 % de las liberaciones ocurridas este año se deben realmente a la ley, sugiriendo que el gobierno está utilizando el instrumento para maquillar cifras de derechos humanos.
El «cierre» de la ley y el traslado a nuevas comisiones
Delcy Rodríguez justificó el fin del período de gracia alegando que los casos pendientes serán atendidos por la nueva Comisión para la Reforma de la Justicia Penal y el Programa para la Paz y Convivencia Democrática.
Esta decisión ha sido recibida con alarma por las ONG nacionales e internacionales, que ven en este movimiento un intento del Ejecutivo por retomar el control discrecional sobre la libertad de los opositores, eludiendo el marco legal de la amnistía.
Reacción de las ONG: «Un atropello al Estado de Derecho»
Diversas organizaciones de derechos humanos calificaron el anuncio de arbitrario e inconstitucional, señalando que una ley solo puede ser derogada o limitada por otra ley de igual rango emanada del Parlamento o por una sentencia del Tribunal Supremo.
Principales críticas de las ONG:
- Provea: «Es una medida inconstitucional que no contribuye a la convivencia».
- Acceso a la Justicia: «La intromisión del Ejecutivo viola la separación de poderes; la ley no tiene fecha de vencimiento».
- Justicia, Encuentro y Perdón: Calificó el acto como una muestra de «inseguridad jurídica» que deja en absoluta vulnerabilidad a quienes aún esperan por su libertad.
Radiografía del Contexto Político (Abril 2026)
| Indicador | Dato Actual |
| Presos Políticos Remanentes | 473 (según ONG). |
| Vigencia de la Ley | Sancionada hace 60 días (19 de febrero). |
| Causa de la Ley | Crisis tras la captura de Nicolás Maduro (3 de enero). |
| Alcance Cronológico | Casos desde 1999 hasta 2026. |
| Nuevas Instancias | Comisión para la Reforma de la Justicia Penal. |
El silencio sobre las identidades
A pesar de la insistencia del alto comisionado de la ONU, Volker Türk, el gobierno sigue sin publicar el listado oficial de las más de 8,000 personas supuestamente amnistiadas. La falta de transparencia, sumada al anuncio del cese de la ley, envía una señal preocupante al sistema judicial venezolano, que en este 2026 sigue enfrentando acusaciones de corrupción y retardo procesal sistémico.
Con el fin de la amnistía decretado por Rodríguez, el destino de los cientos de venezolanos que aún permanecen detenidos por motivos políticos queda en un limbo jurídico bajo la sombra de la nueva reforma penal.
