Faride Raful reafirma que los Alcaldes no tienen facultad para extender horarios.
Ministra Faride Raful defiende rol de la Policía Nacional en el orden público y aborda temas de seguridad
La Ministra de Interior y Policía, Faride Raful, se pronunció este lunes sobre el reciente conflicto entre la Policía Nacional y el alcalde municipal de Goya por la extensión de horarios en actividades públicas. Raful dejó claro que, aunque los cabildos tienen ciertas competencias, el orden público es responsabilidad exclusiva de la Policía Nacional.
“El orden público lo garantiza la Policía Nacional. La Policía es una sola en todo el territorio nacional y tiene la obligación de intervenir donde haya flagrancia o violación a las leyes, como la de contaminación sónica establecida en la Ley 90-19. La intervención de la Policía busca preservar la paz y la convivencia ciudadana”, enfatizó la funcionaria.
La ministra recordó que, si bien los alcaldes tienen atribuciones locales, estas no pueden interferir con las funciones constitucionales de la Policía. “Tenemos más de 300 alcaldes en el país, pero una sola Policía Nacional. Es la Policía la que, por mandato constitucional y legal, debe mantener el orden público y garantizar la seguridad ciudadana”, sostuvo.
Regulación del expendio de bebidas y la contaminación sónica
Raful también abordó el control del expendio de bebidas alcohólicas y la contaminación sónica, subrayando que ambas actividades están reguladas por la ley y deben ser supervisadas por las autoridades correspondientes.
“Hemos sostenido reuniones con representantes de la industria musical y dueños de negocios. En la última reunión en el Ministerio de Interior y Policía reiteramos que respetamos las leyes y resoluciones sobre seguridad pública. La contaminación sónica no está permitida y existen límites de decibeles autorizados”, explicó.
La ministra agregó que hay zonas de tolerancia donde se permite mayor volumen, pero estas deben estar fuera de áreas residenciales. “La supervisión de estas zonas es una responsabilidad compartida entre las alcaldías, la Policía Nacional y el Ministerio de Interior y Policía”, puntualizó.
Jóvenes y delincuencia: un problema estructural
En la rueda de prensa, Raful expresó su preocupación por el aumento de la participación de jóvenes en actos delictivos, destacando que la mayoría de los crímenes son cometidos por personas de entre 18 y 26 años.
“Esta es una problemática social que trasciende la capacidad de reacción de la policía. No se trata solo de seguridad, sino de un desafío estructural que afecta a toda la sociedad”, señaló.
La ministra explicó que el Gobierno ha convocado a diversos sectores a través de mesas de gobernanza y seguridad para diseñar estrategias que alejen a los jóvenes de la criminalidad. Programas como ‘Escuela Abierta’ buscan educar y orientar a la juventud para evitar que caigan en el ocio o sean víctimas del microtráfico”, destacó.
A pesar de estos retos, Raful resaltó avances en la reducción de la criminalidad. Según los datos presentados, la tasa acumulada de homicidios en el país se encuentra en un mínimo histórico del 7% hasta el 10 de febrero, lo que refleja el impacto de las políticas de seguridad implementadas.
