Presión social en el Congreso: Mujeres exigen la despenalización del aborto en tres causales ante la reforma del Código Penal.
Un colectivo integrado por más de 30 mujeres acudió este lunes a la sede del Congreso Nacional para depositar de manera formal una propuesta legislativa encaminada a despenalizar la interrupción del embarazo bajo tres causales específicas. La iniciativa civil busca forzar la reanudación del debate en torno a los derechos reproductivos, justo en momentos en que las cámaras legislativas se encuentran inmersas en la revisión técnica y modificación de 18 artículos de la Ley Orgánica No. 74-25, texto que instituye el nuevo Código Penal dominicano.
Las proponentes exigieron que la nueva norma punitiva —cuya entrada en vigencia general está pautada para agosto de 2026— contemple excepciones de responsabilidad penal cuando la vida de la madre corra peligro, cuando el feto sea inviable debido a malformaciones congénitas incompatibles con la vida, o cuando el embarazo sea el resultado de una violación sexual o incesto. El documento fue entregado en las oficinas legislativas con el propósito de que sea tomado en consideración por la comisión bicameral encargada de evaluar las reformas.
Argumentación social y el impacto en el núcleo familiar
La entrega del pliego petitorio estuvo acompañada de pronunciamientos críticos sobre las consecuencias de mantener la penalización absoluta de la interrupción del embarazo en el territorio nacional:
- Vulnerabilidad y Letalidad: Mary Fernández, una de las autoras del documento y vocera del grupo, lamentó de manera pública que un número creciente de mujeres dominicanas continúe falleciendo en los centros de salud por complicaciones obstétricas que pudieron haberse evitado bajo un marco legal flexible, calificando estas muertes como pérdidas «sin necesidad».
- Impacto Social: Fernández enfatizó la problemática de la orfandad en la que quedan decenas de niños tras el deceso de sus madres por causas derivadas de partos de alto riesgo que carecieron de intervención médica oportuna debido al temor de los profesionales de la salud a enfrentar sanciones de prisión.
- Fiscalización de la Reforma: Los colectivos de mujeres advirtieron que vigilarán de cerca las vistas públicas y las mesas de trabajo parlamentarias, argumentando que un Código Penal moderno no puede nacer de espaldas a las realidades sanitarias y los compromisos de derechos humanos internacionales.
[EJE DE DEMANDAS: CAUSALES EXCEPCIONALES]
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(Propuesta de Enmienda al Código Penal)
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[Causal I: Riesgo Vital] [Causal II: Inviabilidad] [Causal III: Violación o Incesto]
* Peligro inminente para * Malformaciones del feto * Gestaciones forzadas fruto
la salud de la madre. compatibles con la muerte. de agresiones de índole sexual.
* Enfoque: Evitar decesos * Enfoque: Autonomía ante * Enfoque: Protección psicológica
y casos de orfandad. diagnósticos médicos fatales. y dignidad de la víctima.
Tablero Operativo de la Acción Civil en el Poder Legislativo
| Componente de la Demanda | Estatus de la Solicitud Ciudadana | Alcance de la Propuesta Entregada | Contexto Normativo en las Cámaras |
| Petición Formal | Depositada este lunes en el Congreso. | Excepciones punitivas al aborto. | Coincide con revisión de 18 artículos. |
| Liderazgo Civil | Mary Fernández y colectivo de mujeres. | Enfoque de salud pública y orfandad. | Código Penal (Ley 74-25) bajo escrutinio. |
| Estatus del Código | Entrada en vigor: agosto de 2026. | Exigencia de reabrir el debate. | Presión de grupos Pro-Vida y Pro-Elección. |
«La reactivación de la demanda por las tres causales en el Congreso, impulsada por las declaraciones de Mary Fernández sobre el costo en vidas humanas y la orfandad consecuente, reintroduce el debate más polarizante de la historia jurídica dominicana en un momento de extrema vulnerabilidad legislativa para el oficialismo. Al coincidir temporalmente con la revisión exprés de los 18 artículos del Código Penal propuestos por el Poder Ejecutivo, este colectivo de mujeres recuerda que la Ley Orgánica No. 74-25 no solo adolece de vacíos en materia de libertad de expresión, sino de deficiencias estructurales en el ámbito de la salud pública. El verdadero desafío para los legisladores radicará en determinar si mantienen la estrategia de postergación política para salvaguardar alianzas conservadoras o si asumen el costo de abordar una realidad clínica que la sociedad civil organizada ya no está dispuesta a relegar a las estadísticas de la clandestinidad médica», concluyeron los politólogos, especialistas en derecho constitucional y analistas de políticas de salud pública dominicanas.
