Aporte técnico: ADOCCO deposita propuesta en la Cámara de Diputados para blindar la libertad de prensa en el Código Penal.
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) depositó formalmente este lunes ante la Cámara de Diputados un documento técnico que contiene un pliego de propuestas orientadas a modificar múltiples artículos de la Ley Orgánica No. 74-25, texto que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana. La iniciativa de la organización de la sociedad civil Pro-Transparencia procura robustecer las garantías constitucionales referidas a la libertad de expresión, el ejercicio de la prensa independiente, la seguridad jurídica y la coherencia del ordenamiento punitivo nacional.
De acuerdo con la dirección ejecutiva de la entidad, las recomendaciones entregadas son el balance de un riguroso análisis jurídico estructurado a raíz de las recientes enmiendas sometidas por el Poder Ejecutivo. Si bien ADOCCO ponderó de forma positiva los ajustes introducidos por la Presidencia de la República en favor del interés público, advirtió que el articulado vigente todavía alberga distorsiones técnicas que ameritan ser perfeccionadas en sede legislativa para evitar interpretaciones ambiguas en los tribunales.
Radiografía de las modificaciones sugeridas por la sociedad civil
El documento depositado ante el órgano legislativo delimita un marco de revisión concentrado en ocho disposiciones clave de la Ley 74-25, impactando de forma directa los artículos 186, 192, 194, 208, 211, 212, 234 y 310:
- Protección al Periodismo de Investigación: Las enmiendas presentadas por la organización buscan blindar el ejercicio de la crónica fiscalizadora y las denuncias sobre el manejo de fondos del Estado, impidiendo que el Derecho Penal sea utilizado como un mecanismo de intimidación o censura indirecta.
- Responsabilidad de Personas Jurídicas: El pliego normativo propone clarificar los perímetros de la responsabilidad penal corporativa, delimitando de manera precisa las sanciones aplicables a las empresas involucradas en ilícitos sin desestructurar las garantías de debido proceso.
- Alineación Constitucional e Internacional: ADOCCO fundamentó la pertinencia de las reformas en la necesidad de que el texto sancionador sea plenamente compatible con las sentencias del Tribunal Constitucional dominicano y los tratados internacionales sobre derechos humanos de los cuales el país es signatario.
Tablero Operativo del Proceso de Revisión Legislativa
| Órgano Convocado | Registro de la Iniciativa | Áreas Críticas Abordadas | Estatus del Proyecto de Ley |
| Cámara de Diputados | Recibido formalmente este lunes. | Libertad de expresión, prensa y ultraje. | En fase de análisis por comisiones. |
| Presidencia de la Cámara | Gestión a cargo de Alfredo Pacheco. | Garantías en los artículos 208, 211 y 310. | Evaluación de aportes de la sociedad civil. |
Descarte de privilegios y apertura al debate bicameral
El liderazgo de la coalición anticorrupción fue enfático al aclarar ante la opinión pública que sus planteamientos técnicos no persiguen la disolución de responsabilidades penales ni la concesión de fueros o privilegios de impunidad para determinados sectores profesionales. Por el contrario, definieron la entrega del documento como una contribución al perfeccionamiento técnico de la legislación que regirá el país a partir de su entrada en vigencia.
La entidad ratificó su plena disposición de integrarse a las mesas de trabajo y vistas públicas que convoque el Congreso Nacional, manifestando su voto de confianza en que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, junto a las comisiones técnicas correspondientes, evaluarán las observaciones con la apertura democrática necesaria para dotar a la República Dominicana de un Código Penal moderno, justo y respetuoso de las libertades públicas.
«La intervención institucional de ADOCCO en el Congreso Nacional introduce un matiz de rigurosidad técnica indispensable en un momento en que el debate sobre el nuevo Código Penal corría el riesgo de polarizarse de forma estéril en las calles. Al enfocar sus propuestas en la precisión de artículos de alta sensibilidad como el 208 y el 310, la organización recuerda a los legisladores que las leyes penales no pueden redactarse bajo fórmulas ambiguas que dejen ventanas abiertas al autoritarismo judicial o a la persecución del disenso político. El verdadero reto para Alfredo Pacheco y la Cámara de Diputados consistirá ahora en asimilar estos aportes de la sociedad civil no como un obstáculo burocrático para la aprobación de la Ley 74-25, sino como un salvaguarda democrático que evitará que la modernización de la justicia penal dominicana nazca con fallas de origen que obliguen a su inmediata inconstitucionalidad», concluyeron los juristas, especialistas en derecho constitucional y analistas del debate público nacional.
