Opacidad y urgencia: Las sospechas detrás de la reforma exprés que triplica los fondos de DO Sostenible.
Lo que inició en 2020 como un marco normativo para ordenar la gestión integral de los desechos en la República Dominicana amenaza con convertirse en uno de los mayores e históricos focos de discrecionalidad financiera del Estado. De promulgarse de manera definitiva la reciente reforma a la Ley 225-20 de Residuos Sólidos, el Fideicomiso DO Sostenible triplicará sus ingresos anuales, pasando de administrar unos 3,000 millones de pesos a una astronómica cifra cercana a los 9,000 millones de pesos anuales, todo bajo un esquema de recaudación privada que ha encendido las alarmas del sector empresarial y de los técnicos en transparencia.
La magnitud del incremento contrasta de forma directa con la velocidad del trámite legislativo. La modificación fue conocida por el Senado el mismo día de su depósito, declarada de urgencia y aprobada en dos lecturas consecutivas a solicitud del senador Antonio Marte, evadiendo el rigor del estudio en comisiones. Días después, la Cámara de Diputados replicó el procedimiento fast-track con 118 votos a favor, introduciendo ligeras rebajas a las escalas contributivas que, sin embargo, no frenan el impacto: empresas que antes aportaban un máximo de 675,000 pesos anuales ahora enfrentarán aumentos de hasta un 1,000 % en sus obligaciones fiscales.
Radiografía Financiera: Detergencia patrimonial y altos costos de gestión
Mientras el Congreso acelera la inyección de nuevos recursos, los estados financieros interinos no auditados correspondientes al cierre de 2025 revelan una realidad contable preocupante para el patrimonio público. Según los datos oficiales disponibles en la Superintendencia de Bancos, la salud financiera y operativa de DO Sostenible presenta severos cuestionamientos:
- Pérdida de Patrimonio: Al 31 de diciembre de 2025, el patrimonio fideicomitido se desplomó a 113 millones de pesos, una caída estrepitosa frente a los 1,382 millones registrados al inicio de 2024. Este deterioro responde a una pérdida neta de 1,269 millones de pesos en solo 24 meses, cuyas causas específicas no se detallan en los informes.
- Litigios Millonarios: El fideicomiso arrastra demandas y procesos judiciales en su contra por un monto estimado de 1,230 millones de pesos surgidos «en el curso normal de sus operaciones», catalogados por la institución como «reclamos exagerados», pero sin desglose de las partes involucradas.
- Costosas Comisiones de Administración: El manejo de la estructura por parte de Fiduciaria Reservas representó un gasto de 44.5 millones de pesos en 2025 y proyecta 48 millones para 2026, sumado a un pago mínimo mensual de tres millones de pesos más impuestos y un incentivo del 15 % sobre la rentabilidad de la tesorería.
Escalas Contributivas tras las Modificaciones de la Cámara de Diputados
| Rango de Ingresos Brutos de las Empresas (RD$) | Aporte Anterior Máximo | Nuevo Aporte Aprobado (Diputados) | Incremento Estimado (AIRD) |
| Entre 700 y 1,000 Millones | RD$ 675,000 | RD$ 750,000 | Progresivo |
| Entre 1,000 y 2,500 Millones | RD$ 675,000 | RD$ 1,700,000 | Sustancial |
| Superiores a 2,500 Millones | RD$ 675,000 | … | Cercano al 1,000% |
Fuera del radar de Contrataciones Públicas y sin desglose de operadores
El verdadero núcleo del debate trasciende el aumento impositivo. Los fondos recaudados no ingresan al Presupuesto General del Estado ni son fiscalizados directamente por el Ministerio de Medio Ambiente. Su destino final es el Fideicomiso DO Sostenible, entidad dirigida por Príamo Ramírez Ubiera —designado en 2024 por el ministro de Medio Ambiente Armando Paíno Henríquez, quien paradójicamente dirigió el fideicomiso antes de asumir el ministerio—.
A pesar de manejar fondos de naturaleza pública, las asignaciones millonarias a los operadores privados que administran vertederos y estaciones de transferencia no se gestionan a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP). La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) confirmó que DO Sostenible opera fuera de la plataforma transaccional del Estado, justificando que «se encuentra realizando adecuaciones» bajo el amparo de la Ley 47-25. Aunque la entidad admitió haber aumentado de dos a siete sus gestores privados y procesado 1.6 millones de toneladas de basura, el secretismo impera: se desconoce quiénes son las empresas beneficiadas, cómo fueron seleccionadas y cuánto cobran por cada tonelada de desperdicios recibida.
«La velocidad y la opacidad con la que el Congreso Nacional ha decidido triplicar los fondos destinados al Fideicomiso DO Sostenible representa un peligroso precedente de gobernanza corporativa y fiscal en la República Dominicana. Bajo el noble pretexto de solucionar la crisis de los vertederos a cielo abierto, los legisladores han diseñado un traje a la medida para una entidad que, de acuerdo con sus propios balances, exhibe un preocupante deterioro patrimonial de más de 1,200 millones de pesos y una absoluta desconexión de los portales de transparencia del Estado. Resulta inaceptable que la Asociación de Industrias (AIRD), el sector construcción y la industria turística sean obligados a financiar un pozo multimillonario de 9,000 millones de pesos anuales calculados sobre ingresos brutos, mientras los contratos de los gestores privados de la basura se mantienen bajo llave. Si DO Sostenible aspira a gestionar semejante volumen de dinero, su dirección ejecutiva debe someterse de inmediato al Sistema de Contrataciones Públicas y auditar sus operaciones, demostrando que el fideicomiso es una herramienta de desarrollo sostenible y no un mecanismo de opacidad financiera», evaluaron los analistas en derecho público y políticas de transparencia económica en la capital.
