Fiscalización sanitaria: Salud Pública inicia regularización de centros de adicciones tras denuncias contra rescatadores.
En una respuesta institucional orientada a desmantelar un circuito operativo clandestino que vulneraba derechos fundamentales, el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana inició un riguroso proceso de inspección, control y regularización de los centros de rehabilitación para adicciones gestionados por los denominados «rescatadores». Estas figuras de la asistencia comunitaria y religiosa han operado históricamente al margen de las normativas del sistema de salud formal, acumulando denuncias recientes por hacinamiento, maltratos físicos y retenciones ilegales.
Las acciones fiscalizadoras fueron instruidas tras la difusión de reportajes de investigación que desnudaron las condiciones de precariedad en las que funcionan decenas de estos espacios, donde personas con consumos problemáticos de sustancias o trastornos de salud mental son recluidas por sus propios familiares, careciendo por completo de supervisión médica calificada y protocolos científicos de desintoxicación.
Diagnóstico de campo: Inspecciones en el radar de la clandestinidad
El director de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud del ministerio, doctor Juan Gerardo Mesa, reveló que gran parte de estas instalaciones funcionaban fuera del registro oficial del Estado, lo que impedía una supervisión periódica de sus infraestructuras y métodos de contención:
- Hallazgos de Hacinamiento: En las dependencias del Centro de Rehabilitación Africano con Mi Barrio Hombres/Mujeres, los inspectores documentaron habitaciones de dimensiones extremadamente reducidas, dotadas con camarotes rudimentarios, pisos de cemento y sanitarios estrechos incompatibles con la dignidad residencial.
- Adaptación de Viviendas: En el establecimiento La Gloria es de Dios, ubicado en Boca de Yuma y regenteado por Juan Carlos Martínez Guerrero, se constató una casa de familia acondicionada para el tratamiento. Pese a contar con áreas comunes y un equipo básico de personal médico y psicológico, requirió la intervención para alinear sus operaciones a la ley.
- Estatus del Sector: Salud Pública admitió que muchos de estos centros eran completamente desconocidos para el radar oficial, sirviendo las investigaciones periodísticas como una alerta epidemiológica y de orden público.
Radiografía de los Establecimientos Intervenidos
| Centro de Rehabilitación Inspeccionado | Localización / Dirección | Condición de Infraestructura Detectada | Estatus Regulatorio Actual |
| Africano con Mi Barrio Hombres/Mujeres | Santo Domingo | Habitaciones pequeñas, camarotes y baños reducidos. | En proceso de adecuación bajo firma de acuerdo. |
| La Gloria es de Dios | Boca de Yuma | Vivienda adaptada, cuenta con enfermería y psicología. | Invitado a formalizar su habilitación ante el MSP. |
| Ejército de Dios Rescatando al Caído | Santo Domingo | Áreas comunes y religiosas bajo estricta observación. | Bajo investigación por denuncias de maltratos. |
Transición regulada: Acuerdos y exclusión de clausuras provisionales
A pesar de la gravedad de los hallazgos y el historial punitivo de algunos centros —como la Fundación Ejército de Dios Rescatando al Caído, dirigida por el pastor Junior Guerrero Ceballo y bajo pesquisa por el fallecimiento de un interno—, el Ministerio de Salud Pública informó que, por el momento, no ha sido necesaria la clausura forzosa de los establecimientos.
De acuerdo con el doctor Juan Gerardo Mesa, los administradores de los centros han mostrado una disposición de sometimiento al ordenamiento jurídico del país. Para encauzar la situación sin dejar desamparados a los pacientes actuales, las autoridades han optado por la suscripción de acuerdos vinculantes, obligando a los directivos a adecuar sus plantas físicas y a contratar personal de salud colegiado de forma inmediata, en cumplimiento riguroso de la Ley General de Salud 42-01.
«La intervención tardía, pero necesaria, del Ministerio de Salud Pública en el opaco sector de los centros de rehabilitación dirigidos por ‘rescatadores’ pone de manifiesto una debilidad estructural en la fiscalización de la salud mental de la República Dominicana. Permitir que fundaciones y pastores asuman de manera empírica el manejo de pacientes psiquiátricos o con adicciones severas no solo deforma la práctica de la medicina legal, sino que institucionaliza espacios propicios para la violación de los derechos humanos. Aunque la estrategia de no clausurar de inmediato busca evitar el colapso habitacional de estos internos, el Estado dominicano no puede ser laxo: la firma de acuerdos de habilitación debe condicionarse al cese inmediato de los castigos físicos y a la integración obligatoria de psiquiatras autorizados, entendiendo que la adicción es una patología médica compleja que se cura en los hospitales, no con encierros clandestinos», evaluaron los analistas en políticas sanitarias y derechos constitucionales en la capital dominicana.
