«Una carrera de resistencia»: Wilson Camacho advierte que la jurisprudencia de la corrupción «se niega a morir» tras fallo del caso Calamar.
El procurador adjunto y titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, lanzó una dura advertencia este lunes 1 de junio de 2026 a través de sus canales oficiales. Aseguró que el desmantelamiento de la impunidad en la República Dominicana constituye un proceso de largo aliento, definiéndolo como un desafío de «resistencia y no de velocidad», apenas 72 horas después de conocerse el dictamen judicial que excluyó a figuras clave del expediente denominado Operación Calamar.
La reacción del funcionario responde al reciente fallo emitido por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, bajo la conducción de la magistrada Altagracia Ramírez. El tribunal favoreció con un auto de no ha lugar a los exministros Gonzalo Castillo (Obras Públicas) y José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia), al considerar que las evidencias presentadas por el Ministerio Público resultaban insuficientes para proyectar una condena en una fase posterior.
«Se atrinchera y busca adeptos»
Camacho utilizó la red social X para fijar la postura del órgano persecutor del Estado dominicano frente a los reveses judiciales en materia de cuello blanco. Manifestó que las estructuras tradicionales de impunidad penal mantienen una férrea defensa en los tribunales del país:
«La jurisprudencia de la corrupción se niega a morir: se atrinchera, busca adeptos, promueve un estándar metafísico para las pruebas, se resiste a desaparecer», denunció el procurador adjunto. A pesar del escenario adverso respecto a ciertos encartados, el magistrado ratificó el compromiso de su dirección: «Siempre ha sido difícil mover las fronteras de la impunidad (…) ¡Seguimos firmes!».
El director de la Pepca ya había adelantado el pasado viernes su rechazo al criterio de la jueza Ramírez, tildándolo de contener una «errónea apreciación de las pruebas». Camacho criticó con vehemencia la exclusión de delaciones y testimonios clave de empresarios que formaban parte del esquema operativo, así como la aparente validación de rúbricas correspondientes a personas fallecidas en la documentación societaria.
Donald Guerrero y 34 imputados enviados a juicio de fondo
Pese a la desestimación de los cargos de prevaricación, desfalco y asociación de malhechores contra Castillo y Peralta, la resolución judicial acogió de forma parcial la densa acusación del Ministerio Público. El tribunal dictaminó la apertura a juicio de fondo contra el presunto eje operativo y financiero del tramado criminal, el cual está acusado de desviar más de RD$19,000 millones de los fondos de los contribuyentes mediante expropiaciones irregulares de terrenos y cobro de sobornos.
- Eje Principal: El exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, y el jurista Ángel Lockward (junto a su entramado de empresas corporativas) encabezan el grupo que deberá discutir su culpabilidad en la etapa de fondo.
- Exfuncionarios Comprometidos: Se validaron las imputaciones contra Luis Miguel Piccirillo (antiguo director del Consejo Estatal del Azúcar) y Claudio Silver Peña (exdirector de Catastro Nacional).
- Volumen del Caso: De las 40 personas (físicas y jurídicas) evaluadas en la audiencia preliminar, un total de 35 imputados fueron enviados formalmente a juicio general.
Balance del Dictamen del Cuarto Juzgado de Instrucción (Operación Calamar)
| Estatus Procesal Post-Fallo | Imputados Principales Encartados | Argumentación / Próxima Fase Penal |
| Apertura a Juicio de Fondo | Donald Guerrero Ortiz, Ángel Lockward, Luis M. Piccirillo, Claudio Silver Peña (35 en total). | El tribunal validó la existencia de indicios graves de fraude en pagos por expropiación pública. |
| Favorecidos con No Ha Lugar | Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Daniel Guerrero, Marcial Reyes, Rosa Arias (5 en total). | La magistrada consideró que las evidencias no demuestran una participación activa o vinculación penal. |
Apelación en marcha: El Ministerio Público reiteró que sus equipos técnicos trabajan en la fundamentación del recurso de apelación. Insisten en que la red operaba de manera cohesionada y que la totalidad de los 45 implicados originales del expediente Calamar deben encarar las consecuencias jurídicas ante un tribunal colegiado.
