Promesa en el papel: Gobierno mantiene incumplida la Ley de Autismo a tres años de su promulgación.

El desamparo institucional, la falta de presupuesto estatal y el elevado costo económico de las terapias continúan siendo la realidad diaria para miles de familias dominicanas que conviven con el Trastorno del Espectro Autista (TEA). La Mesa de Diálogo por el Autismo denunció de manera formal que este próximo cinco de junio de 2026 se cumplen exactamente tres años de la promulgación de la Ley 34-23, sin que el Estado dominicano haya ejecutado los pilares fundamentales de la normativa.

A tres años de que la pieza fuera aprobada por el Congreso Nacional y firmada por el Poder Ejecutivo, el colectivo de organizaciones civiles y de padres advirtió que la ley se ha convertido en una «letra muerta», sumiendo en la desesperación a hogares que deben costear diagnósticos y tratamientos especializados de forma totalmente privada.

Un sistema sin fondos, sin datos y sin especialistas

La denuncia presentada por los representantes de la Mesa de Diálogo detalla las profundas carencias del sistema público de salud y educación, los cuales siguen arrastrando barreras históricas que impiden la inclusión real y efectiva de esta población.

Entre las principales deficiencias técnicas y administrativas señaladas por las familias figuran:

• Ausencia de Presupuesto: El Gobierno central no ha asignado las partidas financieras específicas en el Presupuesto General del Estado para la operatividad de los centros de asistencia contemplados en la ley.
• Inexistencia de un Registro Nacional: A la fecha, el Estado carece de una base de datos científica y estadística que permita cuantificar y localizar a las familias con miembros dentro del espectro autista para dirigir las políticas públicas.
• Exclusión en el Sistema Educativo: Las escuelas del sector público continúan imponiendo severas trabas de admisión debido a la falta de aulas específicas y a la carencia de personal docente capacitado en educación inclusiva.
• Déficit Crítico de Especialistas: El panorama clínico nacional presenta un rezago alarmante, revelándose que el país apenas cuenta con 19 psiquiatras infantiles en ejercicio activo para atender la demanda de toda la población nacional.

El drama económico de las familias dominicanas

La falta de cobertura por parte de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y la escasez de centros comunitarios de atención integral obligan a los padres a asumir de sus propios recursos sumas que desbordan los ingresos de cualquier hogar de clase media o de escasos recursos. Un diagnóstico temprano puede tardar meses en el sector público, mientras que en el sector privado el costo de las consultas de evaluación, neurología pediátrica, terapias del habla, ocupacionales y conductuales asciende a decenas de miles de pesos mensuales de forma recurrente.

«Llegamos a este tercer aniversario con las manos vacías. La ley fue una conquista social que despertó la esperanza de miles de madres y padres que ya no dan más, pero la falta de voluntad política para aplicar el reglamento de la Ley 34-23 nos mantiene exactamente en el mismo punto de partida», manifestaron portavoces de la Mesa de Diálogo por el Autismo.

Balance Institucional de la Ley 34-23 (A tres años de su vigencia)

Las organizaciones agrupadas en la Mesa de Diálogo hicieron un llamado de urgencia al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Educación (Minerd) y al Gabinete de Política Social para que coordinen mesas técnicas de trabajo inmediato. Advirtieron que la pasividad institucional ante el autismo vulnera los derechos fundamentales a la salud y a la educación consagrados en la Constitución de la República, y recordaron que proteger a los niños y adultos con TEA no es un acto de caridad, sino una obligación legal postergada.