En el limbo legal: Policías municipales operan sin límites claros entre la inacción y el abuso de poder.
La Policía Municipal en la República Dominicana opera en una ambivalencia institucional que oscila entre la ineficacia de sus funciones y la propensión al abuso de poder durante sus operativos en el espacio público. Un análisis de la estructura de estos cuerpos civiles revela que la ausencia de un marco legal específico que delimite con precisión sus alcances y competencias de control ciudadano genera fricciones y denuncias informales por el uso desproporcionado de la fuerza.
Juristas y especialistas en seguridad urbana coinciden en que, técnicamente, las facultades legales de los policías municipales no difieren de las que posee un inspector municipal ordinario. Sin embargo, el uso de uniformes similares a los de los cuerpos castrenses y, en algunos casos, el porte de armas de fuego de manera irregular, proyectan una imagen de autoridad que carece de un sustento normativo sólido en la legislación nacional en este mayo de 2026.
Vigilancia laxa en las áreas recreativas
Durante múltiples recorridos de supervisión periodística realizados en parques, plazas y zonas de esparcimiento familiar bajo la tutela de los diferentes ayuntamientos, se constató un patrón de distracción generalizado entre los agentes desplegados. En lugar de ejecutar labores preventivas o de asistencia ciudadana, los uniformados municipales fueron captados de forma reiterada concentrados en el uso de sus dispositivos celulares, mostrando desatención a las dinámicas de su entorno y debilitando la percepción de seguridad.
Este comportamiento contrasta drásticamente con la agresividad reportada en los operativos de despojo a vendedores ambulantes y control de espacios públicos, donde la falta de protocolos de mediación frecuentemente desencadena altercados físicos con los ciudadanos.
El vacío de la fiscalización y la rendición de cuentas
Uno de los puntos más críticos dentro del sistema de las policías municipales es la opacidad en su gestión y la carencia de métricas institucionales. Actualmente, los cabildos no disponen de registros estadísticos públicos sobre las infracciones o actas de ordenamiento levantadas por estos agentes en el ejercicio de sus funciones.
De manera correlativa, tampoco existen canales centralizados ni bases de datos que contabilicen las denuncias formales interpuestas por la ciudadanía en contra de los agentes por atropellos o extralimitación de funciones. Este vacío informativo dificulta la depuración de los cuerpos municipales y perpetúa un esquema de impunidad administrativa frente a las quejas comunitarias.
Radiografía Operativa de la Policía Municipal (Mayo 2026)
| Factor Evaluado | Condición Actual | Impacto en la Ciudadanía |
| Sustento Legal | Indiferenciado del rol de un inspector municipal. | Confusión sobre su alcance real de autoridad. |
| Desempeño en Parques | Alta distracción por uso de teléfonos móviles. | Vigilancia laxa e ineficacia preventiva. |
| Protocolo de Operativos | Ausencia de manuales de uso de la fuerza. | Casos recurrentes de abusos de poder. |
| Estadísticas de Infracciones | Inexistentes / No se reportan de forma oficial. | Opacidad en la gestión de ordenamiento urbano. |
| Registro de Denuncias | Sin bases de datos para procesar quejas ciudadanas. | Falta de mecanismos para la rendición de cuentas. |
La reforma de la Policía Municipal sigue siendo una de las tareas pendientes en la agenda de descentralización y ordenamiento territorial del país. Mientras los ayuntamientos continúen asumiendo la seguridad de los espacios públicos sin un reglamento estandarizado y sin un perfilamiento riguroso de su personal, estos cuerpos seguirán transitando por una delgada línea entre la inacción cotidiana y el exceso de autoridad en este mayo de 2026.
