El hallazgo de la mayor plantación de marihuana en el país desata una disputa territorial.
El desmantelamiento de una estructura de narcocultivo con más de 18,000 plantas de marihuana en las escarpadas montañas del sur de la República Dominicana no solo representa uno de los golpes más contundentes al microtráfico en zonas protegidas, sino que ha encendido un debate limítrofe entre comunidades vecinas. Mientras residentes de la zona aseguran que el histórico sembradío se localizaba en terrenos pertenecientes a la provincia de Azua, el Ministerio Público ha salido al frente para sepultar las dudas basándose en herramientas de alta precisión.
El fiscal titular de San José de Ocoa, Francis Valdez, desestimó las conjeturas de los comunitarios aclarando que las delimitaciones geográficas no se manejan por percepción. «Nosotros tenemos aparatos con los que localizamos la ubicación y pudimos determinar que se encuentra en la jurisdicción de Ocoa», afirmó de manera categórica el magistrado, detallando que el uso de tecnología GPS arrojó un nivel de exactitud incuestionable que sitúa el delito dentro de su demarcación.
La geografía del delito: Fronteras difusas en la alta montaña
La confusión de los habitantes responde a la complejidad de una franja montañosa donde convergen los límites de tres demarcaciones distintas. El Ministerio Público atribuye el disenso a los señalamientos empíricos y tradicionales que históricamente han utilizado los lugareños:
- Primer Epicentro: Las autoridades localizaron el cuadrante inicial de siembra en la comunidad de Sabaneta, específicamente en el sector Los Corozos del distrito municipal de El Pinar.
- Segundo Epicentro: El segundo hallazgo se produjo en la localidad de La Cueva, un paraje ubicado en una compleja triple frontera donde intersectan los territorios de San José de Ocoa, Azua y Jarabacoa (La Vega). El análisis satelital confirmó que, pese a la cercanía con los otros municipios, el suelo intervenido es ocoeño.
- Aislamiento Geográfico: Los promotores del narcocultivo aprovecharon las condiciones extremas del relieve para camuflar la plantación. Para alcanzar el primer punto, los agentes debieron caminar cinco kilómetros tras agotar la vía vehicular; para el segundo, enfrentaron cinco horas de trayecto por caminos vecinales prácticamente intransitables.
[FRANJA FRONTERIZA INTERVENIDA]
│
▼
(Punto de Convergencia en la Alta Montaña)
│
┌─────────────────────────────┼─────────────────────────────┐
▼ ▼ ▼
[Provincia de Azua] [San José de Ocoa] [Jarabacoa / La Vega]
Señalamiento empírico *Jurisdicción Legal* Límite septentrional
de los comunitarios. Confirmada por GPS técnico. de la cadena montañosa.
Logística del Operativo e Investigación en Curso
| Fase Táctica del Caso | Detalles del Hallazgo y Logística | Estatus de las Acciones Legales |
| Volumen Incautado | Más de 18,000 plantas de la sustancia vegetal. | Incautadas y procesadas como evidencia material. |
| Dificultad de Acceso | 5 horas de ruta intransitable y marchas a pie. | Evidencia la necesidad de implementar vigilancia aérea. |
| Imputados en Custodia | Tres personas arrestadas en el terreno. | Solicitud de prisión preventiva como medida de coerción. |
| Línea de Investigación | Rastro de los patrocinadores financieros. | Búsqueda de los cabecillas de la estructura económica. |
Tras el dinero del narcotráfico a gran escala
Para el Ministerio Público, los tres detenidos en los perímetros de cultivo representan únicamente el eslabón operativo más bajo de la cadena criminal. La Fiscalía Especializada ha abierto nuevas líneas de investigación enfocadas en el rastreo financiero, asumiendo que el establecimiento de una plantación de esta envergadura en zonas tan remotas requiere de un importante músculo económico externo.
«Los que estaban ahí tienen su grado de participación, pero evidentemente no tienen el nivel para financiar una actividad de esa naturaleza. Vamos a continuar investigando con la finalidad de identificar a los responsables de esa siembra y presentar ante los tribunales a quienes realmente estén detrás de esa acción», concluyó el fiscal Francis Valdez, advirtiendo que las características de estas cordilleras las vuelven vulnerables al crimen organizado si no se dota a la región de un sistema de patrullaje aéreo permanente.
