Un tribunal emite orden de arresto contra el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, por declarar la ley marcial.
Orden de arresto contra el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol por insurrección y abuso de poder
En un hecho sin precedentes en la historia democrática de Corea del Sur, un tribunal de Seúl aprobó este martes la solicitud para detener al presidente en ejercicio, Yoon Suk-yeol, tras ser acusado de insurrección, abuso de poder y de planear la fallida imposición de la ley marcial el pasado 3 de diciembre.
El Tribunal del Distrito Occidental de Seúl emitió la orden tras considerar las acusaciones de que Yoon orquestó una declaración de ley marcial para evitar que el Parlamento, dominado por la oposición, revirtiera su decisión. Según los fiscales, el mandatario habría ordenado al ejército bloquear la votación parlamentaria, un acto que, de confirmarse, constituiría insurrección y un grave abuso de poder.
Un arresto en el aire
La Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO) cuenta ahora con 48 horas para detener al mandatario e interrogarlo. Sin embargo, la ejecución de la orden enfrenta obstáculos, ya que el Servicio de Seguridad Presidencial ha impedido en repetidas ocasiones el ingreso de los investigadores al complejo presidencial y a la residencia oficial de Yoon, incluso para realizar registros aprobados por el tribunal.
Aunque los presidentes surcoreanos gozan de inmunidad frente al procesamiento penal, esta no se aplica en casos de insurrección o traición, lo que permite que las acusaciones contra Yoon avancen.
Crisis política y destitución parlamentaria
El pasado 14 de diciembre, la Asamblea Nacional destituyó a Yoon Suk-yeol, despojándolo temporalmente de sus funciones hasta que el Tribunal Constitucional decida en los próximos meses si restituir sus competencias o inhabilitarlo definitivamente. La destitución parlamentaria vino tras acusaciones de que el mandatario había ordenado al ejército intervenir directamente en el proceso legislativo, lo que generó tensiones tanto dentro como fuera del país.
A pesar de los intentos del presidente por mantener la medida, mandos militares intermedios habrían desobedecido sus órdenes, lo que permitió a los parlamentarios votar en contra de la ley marcial y obligó a Yoon a rescindir la declaración en cuestión de horas.
La defensa del mandatario
Yoon ha rechazado todas las acusaciones en su contra y ha argumentado que su decisión fue un «acto de gobernanza» destinado a advertir a la oposición parlamentaria sobre lo que describió como un intento de abuso de poder legislativo para debilitar al Estado y beneficiar a Corea del Norte.
Un país en incertidumbre
La detención de Yoon, de ejecutarse, marcaría un antes y un después en la política surcoreana, convirtiéndolo en el primer presidente en ejercicio arrestado en la historia del país. Este episodio llega en medio de una creciente polarización política y cuestionamientos sobre la estabilidad de las instituciones democráticas en Corea del Sur.
Mientras el país espera el desenlace de esta crisis política, la atención está puesta en si la CIO logrará superar las barreras de seguridad para detener a Yoon y si el Tribunal Constitucional ratificará su destitución, lo que podría desencadenar un cambio significativo en la historia política reciente de Corea del Sur.
