mayo 21, 2026

Salto digital en el Estado: Automatización e inteligencia artificial dinamizan las compras públicas dominicanas.

El ecosistema de las adquisiciones estatales en la República Dominicana experimenta una transformación estructural de raíz profunda. La entrada en vigor de la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas en enero de este año ha marcado un antes y un después, erradicando los prolongados cuellos de botella burocráticos y sustituyéndolos por una infraestructura completamente digitalizada e independiente.

Durante su participación en el emblemático espacio del Desayuno de Listín Diario, conducido por su director Miguel Franjul, el titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, detalló los alcances del nuevo marco normativo. El funcionario enfatizó que la adopción tecnológica no solo ha blindado la transparencia institucional, sino que ha acelerado los tiempos de respuesta de cara a los proveedores de manera inédita.

De tres meses a un minuto: El impacto de la simplificación

Uno de los logros más evidentes de la actual gestión radica en la simplificación de trámites del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP), un área históricamente asociada a dilatados procesos analógicos. Pimentel expuso que ciertas validaciones que en el pasado requerían hasta 90 días de espera técnica, hoy se ejecutan en cuestión de un minuto con notificación automatizada e inmediata al interesado.

“Por ejemplo, en una solicitud de registro de proveedor, el tiempo de respuesta estándar dictado por la norma es de dos días, y bajo la actual plataforma automatizada ya lo estamos entregando en apenas un día de manera digital”, puntualizó el director general.

El funcionario asistió al encuentro acompañado de un equipo técnico integrado por Carlos Romero (director de Gestión del SNCP), Brenda Núñez (analista funcional), Katherine Gutiérrez (directora de Investigación y Reclamos), Ana Lisania Batista (encargada de Prensa) y María Teresa Morel (directora de Comunicaciones).

Soberanía tecnológica y blindaje con Inteligencia Artificial

Un aspecto clave ponderado por el titular de la DGCP es la denominada «soberanía tecnológica del Estado». Desde el año 2021, la institución asumió de forma integral la administración, el diseño y el código del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), rompiendo la dependencia histórica de proveedores de software externos. La dirección del sistema está compuesta en su totalidad por desarrolladores, ingenieros funcionales y expertos en ciberseguridad de origen dominicano.

Asimismo, la DGCP ha incorporado herramientas de vanguardia basadas en algoritmos de Inteligencia Artificial (IA). Este sistema de alerta preventiva y reactiva analiza en tiempo real los patrones de comportamiento en las licitaciones, detecta indicios de colusión o manipulación de ofertas y realiza análisis de sentimiento en medios informativos para reaccionar ante posibles anomalías en el mercado de compras estatales.

Indicadores récords: El balance del primer trimestre

Frente a las matrices de opinión que pronosticaban retrasos administrativos debido a la rigurosidad de la Ley 47-25, los datos estadísticos oficiales del primer trimestre de este 2026 revelaron una dinamización económica sustancial sin precedentes en el país.

Variable Macroeconómica / OperativaDesempeño Trimestral RegistradoImpacto Relativo y Comparativo
Volumen de Procesos Publicados14,312 convocatorias oficiales.Mayor dinamismo y visibilidad de mercado.
Contratos Formalizados14,612 documentos suscritos.Garantía de seguridad jurídica del Estado.
Monto Adjudicado TotalRD$33,642 millones.Incremento del 72% frente al periodo previo.
Inversión en InfraestructuraPasó de RD$364 millones a RD$12,054 millones.Contrataciones masivas para obras civiles.
Participación de las MipymesEscaló del 18.5% al 33% del monto total.Crecimiento del 241% en mipymes certificadas.
Eficiencia OperativaReducción del 17% en procesos cancelados.Mayor planificación de las unidades de compra.

Reglamentaciones complementarias para el control social

Pimentel recordó que la legislación —promulgada originalmente el 28 de julio de 2025— requirió un periodo de vacancia legal de 180 días para estructurar los reglamentos de aplicación obligatoria aprobados por el Poder Ejecutivo. Entre estos instrumentos jurídicos destaca el Reglamento de Veeduría Ciudadana, que otorga facultades legales a la sociedad civil organizada para realizar labores de vigilancia, monitoreo y seguimiento presencial y digital de las licitaciones de bienes, concesiones y servicios.

A este catálogo regulatorio se suman las nuevas normativas para el Registro de Proveedores del Estado (RPE), el Procedimiento Administrativo Sancionador y el Reglamento de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos. Con estas herramientas operativas en plena vigencia en este mayo de 2026, las autoridades persiguen erradicar la discrecionalidad funcionarial, diversificar el espectro de oferentes (el cual ya registra un alza cercana al 46% en nuevos actores) y garantizar que cada peso del presupuesto nacional sea adjudicado bajo criterios estrictos de transparencia, competencia y valor por dinero.

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