Resistencia empresarial: Industriales y zonas francas cuestionan reforma a la Ley de Residuos Sólidos aprobada «sin estudios ni consultas»
La reciente aprobación de urgencia en el Senado de la República de las modificaciones a la Ley número 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos ha desatado un enérgico rechazo en las cúpulas empresariales del país. La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) expresaron este jueves su profunda preocupación ante lo que califican como una aprobación acelerada, carente de análisis técnico y desarrollada al margen de los sectores productivos involucrados.
Los líderes gremiales advirtieron que legislar bajo una constante declaratoria de urgencia debilita la institucionalidad y pone en riesgo la seguridad jurídica, un pilar que ha posicionado al país como un destino idóneo para la inversión extranjera.
AIRD: «Una ley ambiental sin respaldo técnico está condenada al fracaso»
El vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, cuestionó severamente la falta de diálogo participativo y plural en la cámara alta. El dirigente empresarial manifestó su sorpresa ante el hecho de que el Senado omitiera convocar a las dos entidades estatales con mayor competencia técnica en la materia: el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Fideicomiso DO Sostenible.
Los puntos centrales del reclamo de los industriales se estructuran bajo tres ejes:
- Rechazo a la Carga Impositiva: La AIRD objeta el establecimiento de una contribución especial e incrementos financieros sin que medie un estudio de impacto regulatorio que los justifique.
- Uso Desnaturalizado de la Ley: Pujols señaló que el marco legal ambiental tiene un fin específico y no puede ser utilizado como un mecanismo de recaudación para parchar los déficits históricos de los gobiernos locales.
- Financiamiento Municipal: El gremio recordó que la ley general de los ayuntamientos estipula que la municipalidad debe recibir el 10 % de los ingresos del Estado. Si esa transferencia es insuficiente, la solución radica en corregir dicho mecanismo y no en trasladar la carga financiera al sector industrial.
Adozona advierte sobre el impacto en el clima de inversión
Por su parte, la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) criticó que modificaciones regulatorias que inciden directamente sobre la competitividad del aparato productivo nacional se manejen mediante trámites de emergencia. Para el gremio de zonas francas, la urgencia legislativa debe reservarse exclusivamente para coyunturas de fuerza mayor, ya que su uso recurrente coarta el debate técnico profundo.
| Postura de los Gremios Empresariales | Argumentos Técnicos Presentados | Próxima Acción Estratégica |
| AIRD (Industriales) | Falta de consulta con Medio Ambiente y DO Sostenible; enfoque meramente recaudatorio. | Presentación de insumos técnicos ante la Cámara de Diputados. |
| Adozona (Zonas Francas) | El uso recurrente de la «urgencia» debilita la previsibilidad y la competitividad. | Apertura al diálogo para proteger el clima de inversión extranjera. |
La batalla se traslada a la Cámara de Diputados
Tras el revés sufrido en el Senado, la AIRD informó que ya se encuentra estructurando los expedientes y planteamientos técnicos que depositará ante las comisiones de trabajo de la Cámara de Diputados, órgano legislativo al que fue remitida la pieza para su correspondiente revisión y sanción.
«Nuestra intención es que nuestros congresistas tengan los insumos necesarios para asegurar que esta política pública sea efectiva. Una ley ambiental que nace sin respaldo técnico está condenada a no lograr los objetivos que dice perseguir», concluyó Mario Pujols, fijando la postura del sector industrial que busca frenar la promulgación del texto tal como fue concebido en la cámara alta.
