Alquiler de almacenes estatales moviliza más de RD$897 millones y US$2.1 millones bajo la lupa de los procesos de excepción.
El arrendamiento de bienes inmuebles por parte de las instituciones públicas del Estado dominicano continúa mostrando una marcada dependencia hacia los mecanismos de contratación directa. Al corte de marzo de 2026, el Gobierno central destinó un total consolidado de 897 millones de pesos y 2,185,617 dólares exclusivamente para el alquiler de almacenes, depósitos y centros logísticos.
De acuerdo con un análisis de los registros oficiales suministrados por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) y la Contraloría General de la República, el uso de las modalidades excepcionales se ha convertido en la norma operativa en lugar de una singularidad, amparado frecuentemente bajo criterios de «exclusividad» y «proveedor único».
Excepciones y discrecionalidad en la mira de la Ley 47-25
El marco normativo vigente, regulado por la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, establece en su artículo 5, numeral 18, que los procesos de excepción corresponden estrictamente a circunstancias particulares o a la naturaleza especial del requerimiento que justifiquen limitar la libre competencia. Pese al espíritu restrictivo de la legislación, el levantamiento de datos arrojó la ejecución de 58 procesos bajo la modalidad de excepción (la mayoría por exclusividad) y otros 44 catalogados como proveedores únicos.
La justificación recurrente de los entes estatales radica en evitar la disrupción de los servicios ya consolidados, impedir gastos adicionales por mudanzas o adecuaciones y garantizar la logística de almacenamiento de activos fijos, insumos médicos, archivos e incluso cargamentos de asistencia social.
Las instituciones públicas con mayor volumen de arrendamientos
La distribución del gasto y la concentración de los contratos vigentes hasta el primer trimestre de 2026 sitúa a tres entidades de servicios y redes viales a la cabeza de los requerimientos de espacio físico:
| Institución Compradora | Número de Procesos | Rangos de Contratación (RD$) | Estatus de la Data y Logística |
| Servicio Regional de Salud Ozama (SRSO) | 8 | RD$396,480 a RD$2,257,677 | Incluye el alquiler de un templo; vencimientos pautados para 2027. |
| Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) | 6 | Variable según zonas | Orientado al resguardo de materiales técnicos y activos comerciales. |
| Ministerio de Educación (Minerd) | 6 | Inconsistencias en registros | Solo un proceso figura plenamente visible en la plataforma DataCompras. |
| Plan de Asistencia Social de la Presidencia (PASP) | 5 | Histórico/Inactivos | Fines logísticos para el acopio de raciones y donaciones de ayuda social. |
Inconsistencias contractuales y discrepancias de montos
El escrutinio de los expedientes destapó desfases financieros y administrativos sustanciales en el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas. Al menos cinco de las adjudicaciones evaluadas presentaron diferencias de hasta 11.9 millones de pesos por encima del presupuesto estimado original, mientras que en contraparte, 14 procesos lograron registrar un ahorro global para el Estado por un orden de RD$3,450,000.
Asimismo, la auditoría periodística identificó 21 contratos cuyos cierres formales estaban pautados entre los años 2018 y 2025 dentro del listado provisto originalmente como «activos». Al ser consultada sobre este particular, la DGCP aclaró mediante una misiva que su rol técnico se ciñe a la administración de los sistemas tecnológicos que registran las propiedades inmobiliarias asignadas a funciones de almacenamiento, deslindando la fiscalización directa en la Dirección General de Bienes Nacionales.
Riesgo Logístico Reciente: La discusión sobre la vulnerabilidad y el costo de los depósitos estatales coincide con siniestros reportados en el primer trimestre del año. El pasado 19 de marzo se registró un conato de incendio en un almacén de archivo del Banreservas en la calle Yolanda Guzmán del Distrito Nacional, antecedido días antes por un incendio de grandes proporciones en un depósito del Minerd localizado en las proximidades del muelle de Haina, provincia San Cristóbal.
Una partida presupuestaria de alto impacto global
Para dimensionar el gasto general del Estado en el renglón de infraestructuras de terceros, la Dirección General de Presupuesto (Digepres) reportó en su informe semestral de Ejecución del Gasto que, hasta la última semana de diciembre del período fiscal previo, el Estado dominicano había devengado un monto acumulado de 10,677 millones de pesos por concepto general de alquileres y rentas institucionales, reflejando el elevado peso que representa para el erario público la carencia de naves e inmuebles propios.
