Alertas RD: El Gobierno promulga la Ley 25-26 para activar un sistema nacional de localización de personas desaparecidas.
En un giro estructural para las políticas de seguridad ciudadana y derechos humanos en el país, el presidente Luis Abinader promulgó la Ley 25-26, una legislación que crea formalmente el sistema nacional “Alertas RD”. La nueva normativa tiene como propósito central agilizar de manera drástica los tiempos de respuesta de las agencias de seguridad del Estado ante reportes de desapariciones en todo el territorio nacional, unificando los esfuerzos institucionales bajo protocolos de difusión masiva inmediata.
El núcleo innovador de la legislación radica en el desmonte de los métodos de búsqueda genéricos, sustituyéndolos por un esquema especializado. La ley contempla cuatro categorías de alerta diferenciadas por colores, diseñadas de forma específica para atender cada caso según el perfil de vulnerabilidad y las características demográficas de la persona afectada.
Un código de colores para optimizar la respuesta estatal
Las autoridades consideran que la segmentación de las alarmas públicas permitirá a la Policía Nacional, al Ministerio Público y a los cuerpos de socorro desplegar recursos tácticos adecuados a cada escenario, además de orientar de manera más efectiva la colaboración de la ciudadanía.
El sistema Alertas RD operará bajo las siguientes cuatro modalidades oficiales:
- Alerta AMBER: Destinada de forma exclusiva a la búsqueda y rescate de niños, niñas y adolescentes. Se activará en situaciones críticas donde la desaparición del menor de edad represente un riesgo inminente para su integridad física o su vida.
- Alerta SILVER: Dirigida a la localización rápida de adultos mayores de 65 años. Este mecanismo priorizará los casos en los que los ancianos se encuentren desorientados por patologías cognitivas o en condiciones de extrema vulnerabilidad climática o social.
- Alerta AZUL: Enfocada en acelerar los procedimientos de búsqueda en casos que involucren a personas de cualquier edad que vivan con discapacidades físicas, intelectuales o mentales, garantizando un trato preferencial y especializado.
- Alerta ROSA: Creada específicamente para atender reportes de desaparición de mujeres, cuando existan indicios o antecedentes que vinculen el hecho con posibles dinámicas de violencia de género, agresiones o redes de trata de personas.
Coordinación interinstitucional y despliegue tecnológico
La Ley 25-26 busca resolver una de las principales quejas de los familiares de las víctimas: la dispersión de esfuerzos y la lentitud burocrática en las primeras horas del reporte, las cuales resultan vitales para el éxito de la localización. Con la entrada en vigencia del nuevo esquema, se prevé la integración tecnológica de las prestadoras de servicios de telecomunicaciones, medios de comunicación masivos y plataformas digitales para emitir notificaciones simultáneas a la población apenas se valide el estatus de la alerta.
[REPORTE DE DESAPARICIÓN]
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[Evaluación de Vulnerabilidad]
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[Alerta AMBER] [Alerta SILVER] [Alerta AZUL] [Alerta ROSA]
Menores de Adultos Personas con Violencia de
Edad Mayores Discapacidad Género / Trata
Estructura Operativa del Sistema Nacional «Alertas RD» (Ley 25-26)
| Tipo de Alerta | Población Objetivo y Alcance | Criterio de Activación Inmediata |
| Alerta AMBER | Niños, niñas y adolescentes. | Riesgo inminente a la integridad o presunción de rapto. |
| Alerta SILVER | Adultos mayores de 65 años. | Casos de desorientación, demencia o vulnerabilidad. |
| Alerta AZUL | Personas con discapacidad. | Condición física, intelectual o mental diagnosticada. |
| Alerta ROSA | Mujeres en situación de riesgo. | Indicios de violencia de género o sospecha de trata. |
La promulgación de este marco legal sitúa a la República Dominicana a la vanguardia regional en materia de herramientas normativas de rastreo civil, homologando sus procesos con estándares internacionales de alta eficiencia. Sectores de la sociedad civil y colectivos de derechos humanos han recibido positivamente la Ley 25-26, instando ahora al Poder Ejecutivo a acelerar la redacción del reglamento de aplicación y a dotar de los fondos presupuestarios necesarios a las unidades de investigación para que las cuatro alertas operen con la rigurosidad técnica que demanda la sociedad dominicana.
