Indignación en San Cristóbal: Absuelven a los dueños de Vidal Plast por la explosión que dejó 38 muertos y reactivan demandas millonarias al Estado.
Un profundo sentimiento de estupefacción e impotencia embarga a los comunitarios y familiares de las víctimas de San Cristóbal tras conocerse la sentencia de un tribunal unipersonal que declaró inocentes de toda responsabilidad penal y civil a los propietarios de la empresa Vidal Plast SRL, imputados por el Ministerio Público tras la devastadora explosión ocurrida el 14 de agosto de 2023, la cual cobró la vida de al menos 38 personas y dejó decenas de heridos.
El fallo judicial favoreció a Edward Armando Vidal Garrido, su esposa Maribel Sandoval Almánzar y su hija Mercedes Altagracia Vidal Sandoval, quienes enfrentaban cargos por homicidio involuntario bajo acusaciones de imprudencia, torpeza e inobservancia de normas de almacenamiento de plásticos, sanitarias y medioambientales.
Indignación popular y absolución civil
La resolución ha desatado duras críticas entre la ciudadanía local, que cuestiona la impunidad y la falta de respuestas oficiales a tres años del siniestro:
- Reacción Comunitaria: Comunitarios como Jesús Javier y Mayra tildaron de «irresponsable» el fallo y la postura estatal, denunciando que las familias afectadas continúan sumidas en el dolor sin que se hayan determinado culpables por la tragedia.
- Absolución Civil: El abogado defensor de la familia Vidal, Teobaldo Durán, confirmó que la magistrada también absolvió a sus representados en el plano civil, debido a que los familiares directos de los fallecidos desistieron previamente de perseguir indemnizaciones económicas contra la empresa.
- Demandas Estatales por RD$3,800 Millones: El jurista Roberto Faxas, en representación de un bloque de víctimas, aclaró que la batalla legal se ha trasladado al Tribunal Superior Administrativo (TSA). La demanda por RD$3,800 millones está dirigida contra el Ayuntamiento de San Cristóbal y el Ministerio de Obras Públicas, instituciones a las que atribuyen negligencia en la supervisión de la zona.
- Cómputo de Víctimas: Faxas recordó que a las 38 víctimas mortales identificadas se añaden 12 personas desaparecidas, cuyos decesos fueron declarados jurídicamente por el Congreso Nacional.
[FALLO JUDICIAL Y DEMANDAS POR CASO SAN CRISTÓBAL]
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(Sentencia Unipersonal y Reacciones Ciudadanas)
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[DESCARGO PENAL & CIVIL] [INDIGNACIÓN SOCIAL] [DEMANDA AL ESTADO (TSA)]
* Vidal Plast y propietarios * Protestas de comunitarios. * Recurso de RD$3,800 millones.
declarados inocentes. * Cuestionamientos al Gobierno. * Contra Ayuntamiento y MOPC.
* Desistimiento de querellantes. * Exigencia de justicia real. * 38 muertos + 12 desaparecidos.
Tablero Resumen del Estatus Judicial y Reclamos
| Componente del Caso | Detalle de la Decisión y Situación Legal |
| Imputados Absueltos | Edward Vidal, Maribel Sandoval, Mercedes Vidal y Vidal Plast SRL |
| Tipificación Desestimada | Homicidio involuntario por imprudencia e inobservancia de reglamentos |
| Fallo Civil | Absolutorio por desistimiento previo de los familiares querellantes |
| Acción Legal en Cursos | Demanda por RD$3,800 millones ante el TSA contra el Ayuntamiento de San Cristóbal y el MOPC |
| Balance Humano Reconocido | 38 fallecidos identificados y 12 desaparecidos declarados muertos por el Congreso |
Un precedente amargo en la búsqueda de justicia
El descargo penal de los propietarios de Vidal Plast reabre el debate sobre la efectividad de las investigaciones del Ministerio Público y desplaza el foco de la responsabilidad hacia las deficiencias del Estado en la regulación del espacio urbano y la gestión de riesgos industriales.
«La absolución total de los imputados en el caso Vidal Plast constituye un amargo trago para la comunidad de San Cristóbal y pone de manifiesto serias grietas en la formulación de las acusaciones por delitos ambientales e industriales en el país. Al descargarse la responsabilidad penal sobre la empresa, la búsqueda de reparación se traslada a la vía administrativa contra las instituciones estatales. Garantizar respuestas transparentes e indemnizaciones dignas a las familias de los 50 fallecidos y desaparecidos resulta imperativo para evitar que una de las mayores tragedias urbanas del país quede sepultada en la impunidad», concluyeron los juristas, analistas en derecho penal, sociólogos y expertos en gestión de riesgos de desastres.
