Política económica: Economistas advierten que la Ley 30-26 encarece los costos de vida y resta competitividad a las empresas.
El recién implementado plan anticrisis del Gobierno dominicano ha comenzado a generar fricciones en la estructura económica nacional, impactando de manera directa el poder adquisitivo de los ciudadanos y alterando la estructura de costos del sector privado. Analistas y técnicos en materia económica coincidieron en que las disposiciones contempladas en la nueva Ley 30-26 incrementan las cargas financieras sobre los hogares y las empresas, modificando negativamente la dinámica para hacer negocios en el territorio nacional.
Ante este panorama, diversos especialistas plantean la necesidad perentoria de someter la legislación a una revisión técnica en el corto plazo. El principal argumento de los expertos radica en que la normativa disminuye la competitividad del aparato productivo local frente a otros mercados de la región, en un contexto global donde la captación de inversión extranjera y el dinamismo comercial resultan determinantes para la estabilidad macroeconómica.
Presión fiscal y asimetrías del modelo de recaudación
El debate técnico en torno a la Ley 30-26 pone de manifiesto las diferencias estructurales entre la administración fiscal dominicana y los modelos aplicados en economías industrializadas:
- Facultad Cíclica de Recursos: Los economistas reconocen que la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento y el aumento de la presión tributaria constituyen una necesidad cíclica para los gobiernos; sin embargo, cuestionan la viabilidad del método seleccionado para este ejercicio.
- Vulnerabilidad del Consumidor: A diferencia de las naciones desarrolladas, República Dominicana opera bajo un esquema de alta dependencia de los bienes importados, caracterizado por salarios deprimidos y la ausencia de mecanismos generalizados de reembolso fiscal para los contribuyentes.
- Llamado a la Consulta: Los analistas enfatizan que las estrategias de estabilización económica estatal deben priorizar las recomendaciones de los cuerpos técnicos y las realidades financieras de los ciudadanos que sostienen la base impositiva del Estado.
Tablero Operativo de los Efectos de la Ley 30-26
| Variables del Entorno | Indicadores de Riesgo Técnico | Estatus de la Normativa | Recomendación del Sector Técnico |
| Población Tributante | Pérdida de capacidad de consumo. | Ley 30-26 en vigencia operativa. | Diseñar compensaciones directas. |
| Aparato Empresarial | Alza en costos de producción y logística. | Pérdida de tracción competitiva externa. | Modificación e indexación de tasas. |
| Estructura de Mercado | Dependencia severa de la importación. | Salarios precarizados sin retorno fiscal. | Adecuación a la realidad dominicana. |
«El análisis del plan anticrisis del Poder Ejecutivo devela la tradicional desconexión entre el diseño de las políticas de recaudación y las realidades materiales de la economía dominicana. Tipificar una reforma mediante la Ley 30-26 que encarece de forma simultánea los costos operativos de las empresas y el presupuesto ordinario de las familias —en un mercado estructuralmente dependiente de la importación y con sueldos deprimidos— representa una estrategia de alto riesgo que podría ralentizar el dinamismo comercial interno. En lugar de replicar fórmulas impositivas propias de Estados desarrollados que cuentan con redes de protección social efectivas y sistemas de devolución de impuestos, las autoridades económicas locales tienen el reto ineludible de escuchar a los técnicos y moderar la carga sobre el contribuyente formal; de lo contrario, el intento por sanear las finanzas públicas terminará erosionando la competitividad nacional y penalizando el bolsillo del ciudadano común», concluyeron los economistas, consultores financieros y analistas del acontecer macroeconómico nacional.
