El Gobierno lanza una consulta nacional para redactar una nueva ley de educación de cara al 2036.

El Gobierno dominicano dio inicio este jueves a la Consulta Nacional para el Futuro de la Educación, un amplio proceso de participación ciudadana que busca recopilar propuestas sectoriales para la confección de un nuevo marco legal educativo que responda a las transformaciones tecnológicas y laborales del siglo XXI.

La iniciativa, formalizada mediante el Decreto núm. 309-26 del Poder Ejecutivo, cuenta con la articulación del Ministerio de Educación (Minerd), el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), el Ministerio de Administración Pública (MAP) y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep). Las mesas de diálogo, foros regionales y encuentros sectoriales se extenderán formalmente hasta el próximo mes de julio.

Actualización jurídica frente a la inteligencia artificial Durante el acto de lanzamiento, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García, fundamentó la necesidad de la reforma señalando que las leyes generales de Educación y de Educación Superior vigentes acumulan casi tres décadas de antigüedad. Si bien reconoció que dichos textos consolidaron el acceso y la institucionalidad del sistema, sostuvo que el contexto global actual exige una adecuación normativa inmediata.

“La expansión de la inteligencia artificial, la acelerada evolución tecnológica y las nuevas exigencias del mercado laboral obligan a replantear la formación y la articulación entre la educación preuniversitaria, la superior, la formación técnico-profesional y la investigación”, puntualizó De Camps. El funcionario vinculó directamente el éxito de esta reforma con la estrategia del presidente Luis Abinader de duplicar el tamaño de la economía dominicana hacia el año 2036, bajo la premisa de que el desarrollo sostenible depende de la calidad del talento humano disponible.

Metodología y sectores convocados Las autoridades enfatizaron que el valor metodológico del proceso radicará en su carácter plural y descentralizado. La convocatoria pública para la recepción de insumos e inquietudes abarca a los siguientes actores nacionales y de la diáspora:

• Comunidad educativa: Estudiantes, personal docente, directivos escolares y asociaciones de familias.
• Sector académico y técnico: Universidades, centros de formación técnica e investigadores.
• Fuerzas vivas: Organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial, entidades eclesiásticas, autoridades municipales y la comunidad de dominicanos residentes en el exterior.

Por su parte, el ministro del Mescyt, Rafael Santos Badía, refrendó la naturaleza abierta del cónclave institucional al señalar que “la consulta no es para hablar nosotros, sino para escuchar a la gente”. En esa misma línea, el titular del MAP, Sigmund Freund, subrayó la importancia de la co-gestión interinstitucional para garantizar que el posterior anteproyecto sea viable desde la perspectiva de la administración del Estado.

Los resultados, diagnósticos y actas derivados de las jornadas de debate serán procesados por una comisión técnica técnica encargada de redactar el anteproyecto de ley definitivo, el cual será presentado ante el Congreso Nacional con el objetivo de sentar las bases de la denominada «Generación República Dominicana 2036».

Claves de las mejoras periodísticas aplicadas:

• Eliminación de redundancias y reiteraciones: El texto original presentaba múltiples párrafos que repetían las declaraciones del ministro y los objetivos del plan. Se unificaron los conceptos en ideas centrales y progresivas.
• Precisión e institucionalidad: Se ordenó la mención de los ministerios y los marcos legales (Decreto núm. 309-26) en los párrafos de apertura, dotando a la nota del rigor administrativo correspondiente.
• Estructura y síntesis visual: Se clasificaron las decenas de sectores convocados en una lista jerarquizada por viñetas para agilizar la lectura informativa.
• Vocabulario formal y periodístico: Se sustituyeron expresiones informales o repetitivas por conceptos técnicos de la administración pública y el periodismo político («adecuación normativa», «insumos», «descentralizado», «cónclave institucional», «diáspora»).