Frenazo a la «Ley de Deuda Vieja»: Abinader observa pieza por falta de transparencia financiera.
El presidente Luis Abinader devolvió sin promulgar la ley que ordenaba el pago de deudas estatales acumuladas durante hasta 30 años con contratistas de obras públicas. A través de una misiva enviada a la Cámara de Diputados, el mandatario observó la pieza legislativa alegando que el proyecto aprobado carece de rigor financiero, al no especificar el monto total del desembolso ni certificar formalmente la identidad de los beneficiarios.
La ley, aprobada de urgencia por el Congreso el pasado 12 de enero, buscaba liquidar compromisos por obras ejecutadas sin contratos formales. Sin embargo, el Ejecutivo advierte que la propuesta viola principios constitucionales de responsabilidad presupuestaria.
Las razones del veto: Sin montos ni pruebas
El mandatario basó su rechazo en la falta de «certeza y exigibilidad» de las deudas. A pesar de que el CODIA estima el monto en unos RD$2,000 millones, el texto legal no consigna una cifra oficial.
Los puntos críticos señalados por el Ejecutivo:
- Violación Constitucional: Citando el artículo 233, Abinader recordó que el Ejecutivo debe programar ingresos y gastos con precisión.
- Falta de acreditación: La ley enumera a más de 500 empresas y ciudadanos, pero no incluye documentos que certifiquen de manera inequívoca que el Estado posee una deuda real con ellos.
- Indefinición de los acreedores: Aunque se mencionan nombres, el presidente exige una identificación más formal y técnica que respalde la condición de acreedor.
Entidades y contratistas bajo la lupa
El proyecto de ley vincula estas deudas a instituciones clave que habrían recibido obras de construcción y mantenimiento sin el debido proceso administrativo:
| Instituciones con mayores deudas | Principales contratistas beneficiados |
| Ministerio de Obras Públicas | Wagner Manuel Mosquea (3 contratos) |
| Ministerio de Vivienda (MIVED) | Arturo Aníbal Rincón (3 contratos) |
| INAPA e INDRHI | Miguelina Rincón Santana (2 contratos) |
| JCE y Alcaldía del Distrito Nacional | Y otros 500 pequeños contratistas |
Un detalle relevante es que la pieza apartó las obras de construcción de los mantenimientos correctivos, señalando que en este último rubro solo el Ministerio de Educación mantiene deudas pendientes.
El futuro de la ley en el Congreso
Tras la observación presidencial, la pelota regresa a la cancha de los legisladores. Según el artículo 103 de la Constitución, el Congreso tiene un plazo de dos legislaturas ordinarias para conocer y decidir sobre las observaciones de Abinader.
- Aceptación: Los legisladores pueden acoger los cambios sugeridos por el presidente.
- Rechazo: Podrían intentar imponer la ley original con una mayoría calificada (dos terceras partes).
- Silencio: Si no se conoce en el plazo estipulado, la ley quedaría aprobada automáticamente incorporando las observaciones del Poder Ejecutivo.
Por el momento, el Congreso no podrá realizar modificaciones adicionales al texto más allá de aceptar o rechazar los señalamientos del mandatario.
