Nicolás Maduro aprueba ley que impone 30 años de cárcel a quienes impulsen sanciones.
Foto de archivo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ Ronald Peña R.
Maduro firma ley que impone hasta 30 años de cárcel por promover sanciones internacionales
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, promulgó este viernes una nueva ley que establece penas de entre 25 y 30 años de prisión para quienes promuevan o participen en la aplicación de sanciones extranjeras contra el Gobierno y las autoridades del Estado. La norma, denominada Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo.
«Procedo a firmar esta ley que lleva el nombre del libertador Simón Bolívar contra el bloqueo y en defensa del pueblo de Venezuela, su derecho a la paz y a la felicidad», declaró Maduro durante un acto televisado. Según el mandatario, la legislación responde a las recientes medidas adoptadas por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que busca restringir contratos de empresas estadounidenses con instituciones vinculadas al Gobierno venezolano.
Maduro aseguró que la nueva norma es una herramienta para combatir las «amenazas y bloqueos del imperialismo norteamericano y sus países satélites». Además de las condenas de prisión, la ley impone multas de hasta un millón de euros (alrededor de 1.055.680 dólares) para aquellos que respalden o colaboren con sanciones internacionales.
Restricciones y sanciones políticas
La ley también incluye la inhabilitación política por 60 años para quienes participen en acciones que afecten al Gobierno, lo que les impedirá ocupar cargos públicos o postularse a elecciones. Asimismo, se prohíbe la participación en procesos electorales a quienes hayan impulsado medidas como sanciones económicas, ataques cibernéticos o acciones armadas contra el Estado.
Por otro lado, los medios de comunicación que difundan mensajes que respalden sanciones extranjeras podrían enfrentar multas millonarias, además de la posibilidad de ser retirados del espectro radioeléctrico o clausurados, dependiendo del caso.
Justificación de la norma
El Gobierno venezolano considera las sanciones internacionales como crímenes de lesa humanidad, señalando que el país ha sido objeto de más de 900 medidas de este tipo en la última década, principalmente impulsadas por Estados Unidos. Según Maduro, esta legislación busca reforzar la soberanía y garantizar la estabilidad de Venezuela frente a lo que califica como una «guerra económica» internacional.
El anuncio refuerza la postura del Gobierno en su enfrentamiento con la comunidad internacional, en un contexto de tensas relaciones con varias naciones que cuestionan la legitimidad de su administración y sus políticas internas.
